Impacto Fiscal del Régimen y quién lo paga
El RIGI se convirtió en una de las principales apuestas del Gobierno para movilizar inversiones de gran escala. Al 1° de octubre hay 23 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, con USD39.429 millones de inversión anunciada y USD33.837 millones de capital computable. Si se incorporan los proyectos aprobados aún no publicados, los que están en evaluación y otros anunciados oficialmente, el universo informado alcanza USD209.247 millones, aunque una parte todavía no cuenta con información pública suficiente para ser modelizada.
El ejercicio busca poner números a una dimensión menos explorada del régimen: cuánto valen los beneficios que recibe el inversor, cuál es su contracara en términos de gasto tributario y cuánta de la inversión tiene que ser realmente adicional para que el RIGI se pague fiscalmente. Para hacerlo reconstruimos los flujos de los 23 proyectos aprobados, utilizando la inversión computable, la capacidad física declarada, precios normalizados, márgenes sectoriales y cronogramas de puesta en marcha. Cada proyecto se valúa bajo dos escenarios -régimen general y RIGI- con una tasa de descuento de 9,82%.
El RIGI mueve significativamente la rentabilidad. A precios normalizados, los beneficios del fiscales del régimen agregan USD8.493 millones al VAN de los 23 proyectos aprobados, equivalentes al 25% de la inversión computable, y elevan la TIR de 10,6% a 13,4%. La contracara es un gasto tributario de USD8.493 millones a valor presente. No aparece todo al comienzo: aumenta a medida que los proyectos entran en operación y alcanza un máximo cercano a USD1.600 millones en 2035, equivalente a 0,25% del PIB actual. Una extrapolación lineal al universo de proyectos anunciados e identificados llevaría ese orden de magnitud a alrededor de 0,65% del PIB, aunque el resultado efectivo dependerá del cronograma y la composición de los proyectos que se aprueben.
Pero gasto tributario no es lo mismo que costo fiscal neto. Si una inversión sólo se realiza porque existe el RIGI, el Estado resigna impuestos respecto del régimen general, pero también obtiene una recaudación que sin esa inversión no habría existido. Los 23 proyectos aprobados generan, bajo los supuestos del ejercicio, USD17.499 millones de recaudación a valor presente, frente a los USD8.493 millones que se resignan.
De ahí surge uno de los principales resultados del trabajo: el breakeven fiscal se ubica en una adicionalidad de 32,7%. Dicho de otra forma, si aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos no se hubiera materializado sin el RIGI, la recaudación que genera esa inversión adicional alcanza para compensar los impuestos resignados sobre el conjunto. Por encima de ese umbral, el impacto fiscal neto pasa a ser positivo.
Los precios de las materias primas modifican mucho el tamaño de los beneficios y de la recaudación, pero poco el breakeven: utilizando los precios récord de agosto, el gasto tributario sube de USD8.493 millones a USD12.362 millones y la recaudación de USD17.499 millones a USD26.056 millones, mientras la adicionalidad necesaria apenas baja de 32,7% a 32,2%. La tasa de descuento importa más: el umbral baja a 31,2% con una tasa de 8% y sube a 34,4% con una de 12%, porque buena parte del costo fiscal aparece antes que la recaudación.
La cuenta fiscal cierra distinto para Nación y provincias. El promedio esconde una asimetría importante. De los USD8.493 millones a valor presente que se resignan, USD6.231 millones corresponden a la Nación. Derechos de exportación, aranceles de importación e impuesto al cheque son recursos nacionales. Las provincias que alojan proyectos, en cambio, conservan las regalías y otros tributos propios, además de participar de los recursos coparticipables. Por eso, el breakeven cambia significativamente según quién haga la cuenta. La Nación necesita una adicionalidad de 38,5%; las provincias que no alojan proyectos, de 32,1%; y las provincias que sí reciben las inversiones, de apenas 17,7%. Estas últimas recaudan 4,6 veces lo que resignan, frente a 2,1 veces para las provincias sin proyectos y 1,6 veces para la Nación.
Cuando se agregan todos los proyectos identificados a los aprobados, la cuenta agregada casi no cambia; la federal sí. Como todavía no cuentan con resoluciones que permitan reconstruir sus flujos, extrapolamos los parámetros de los proyectos aprobados de cada subsector partiendo del monto anunciado por USD87.409 millones. Para los 39 proyectos modelizados, el beneficio fiscal asciende a USD24.175 millones a valor presente, frente a una recaudación generada de USD50.542 millones. Y aparece un resultado particularmente relevante: la adicionalidad necesaria para que cierre la cuenta consolidada prácticamente no cambia, 32,4%, pero sí cambia mucho quién necesita que la inversión sea adicional. El umbral de la Nación sube de 38,5% a 44,4%, mientras que para las provincias que alojan los proyectos baja de 17,7% a 13,7%. La explicación está en la composición de la nueva cartera: el mayor peso de los hidrocarburos concentra parte del costo en recursos exclusivamente nacionales, mientras las regalías quedan en las provincias productoras.
El ejercicio muestra así dos caras del RIGI. El régimen tiene un impacto relevante sobre la rentabilidad de proyectos intensivos en capital y no necesita que toda la inversión sea adicional para cerrar fiscalmente: bajo los supuestos utilizados, alcanza con aproximadamente un tercio. Pero, a medida que el programa gana escala, aparece con mayor claridad una segunda discusión: quién financia el incentivo y quién captura sus beneficios fiscales directos. El desafío hacia adelante no pasa sólo por aumentar el monto de inversiones anunciado. Pasa también por maximizar su adicionalidad y ampliar el derrame sobre proveedores, empleo, infraestructura y actividad frente a un esquema viejo que sigue jugando con las mismas reglas del juego en un contexto de apertura y aumento exponencial de los costos en dólares.