- Una vuelta de más a la rosca
- Tipo de cambio y retenciones
- Impacto distributivo de las retenciones: Sectorial, Funcional y Regional
- La conflictiva movilidad de las retenciones
Las retenciones vuelven a estar en el candelero, aunque esta vez, el anuncio de un traspaso hacia un esquema móvil, que a los precios actuales genera un nuevo aumento de 8 p.p. en las tasas que se aplican a la soja, con una alícuota que alcanza al 95% por sobre el excedente arriba de los US$600 dólares (cuasi un establecimiento de precios máximos con costos que aumentan en dólares) y un aumento neto en la recaudación cercano a los $7.400 millones (0,7% del PIB) generó un abroquelamiento de los diversos actores que componen el sector, con un cese de actividades y cortes de rutas que pusieron en jaque al Gobierno. La movilización del campo volcó sobre la mesa de discusión no sólo el último cambio en el esquema de alícuotas, sino también la variedad de medidas adoptadas en los últimos tres años para limitar el traslado a precios locales de los alimentos derivado de la inflación de commodities y de la apertura al mundo de sectores que hasta entonces prácticamente no estaban integrados (cupos al sector ganadero, precio máximo a la lechería, cierre de los registros de exportación de trigo, etc). Las demandas hacen hincapié en una política de largo plazo que incentive el crecimiento de la oferta del sector que, vale la pena recordar, es el que explicó en 2007 2,6 veces el superávit de comercio entre exportaciones de productos primarios y MOA, financianciando así el espectacular déficit de divisas de la industria no agrícola (US$20.000 millones).
Hasta ahora, y a la luz de un escenario inédito de precios de commodities y un dólar que se devalúa en el mundo, el Gobierno Nacional optó por privilegiar la paridad contra el dólar y apropiarse vía retenciones del creciente excedente del sector externo. Esta política, que no es más que la decisión de adoptar una estructura de tipos de cambio de exportación diferenciales por sector, permitiría aumentar la presión tributaria en 2.1 p.p. en 2008 (4,6 p.p. desde 2001), en tanto el impacto anti-inflacionario estuvo dado en forma indirecta en la medida en que el Gobierno se hizo de los recursos para financiar un monto creciente de subsidios orientado a limitar las subas en los precios locales. En 2007 las transferencias al sector privado en servicios económicos (energía, transporte, alimentos e industria) alcanzó a $16.100 millones versus retenciones que totalizaron $20.000 millones (de las cuales más de un 70% fue aportado por el sector agropecuario). De cara a 2008, y sin contabilizar el costo fiscal que resulte de la mediación del conflicto (difícilmente se revea el esquema móvil de retenciones y en cambio se avanzaría en profundizar las transferencias a los productores pequeños y/o de áreas marginales, que representan aproximadamente el 20% de la oferta), el monto de subsidios aumentaría no menos de 60%, a $26.000 millones, por lo que el esquema anunciado permite recomponer un superávit primario en torno a 4% del PIB, vía una recaudación por retenciones proyectada en torno a $46.000 millones.
Ahora bien, más allá de la consistencia fiscal entre retenciones y subsidios, el esquema vigente no mejora significativamente la distribución de la renta, tanto en la referente a la distribución funcional (el actual esquema de subsidios no necesariamente beneficia a los estratos más humildes), como a la distribución regional (el esquema de retenciones no es coparticipable, por lo que el aumento en la presión tributaria queda concentrado en la Nación) y fundamentalmente entre sectores (se otorga a la industria no agropecuaria un tipo de cambio en torno a $/US$3 contra un tipo de cambio promedio para los alimentos de $2 ($1,7 en el caso de la soja), cuando las señales de precios externas no han sido en muchos casos diferentes. Finalmente, y volviendo al nuevo esquema de retenciones, la diferenciación de las alícuotas por producto da cuenta de un intento de alineación de incentivos orientado a beneficiar la producción de maíz y trigo en detrimento de la soja y el girasol, y al mismo tiempo beneficiar la industrialización en detrimento de la exportación primaria. A su vez, la movilidad también permitiría reducir la volatilidad del precio que percibe el productor, aunque simultáneamente aumenta la volatilidad de los recursos fiscales (razón por la cual es necesario ahorrar buena parte del excedente). Lo que está en discusión no es necesariamente la lógica del nuevo esquema, sí más bien el quantum implícito en el mismo, la cuasi fijación del precio al productor y el destino de los fondos resultantes. No es poco.
