| Más allá de la pelea por la pendiente de las alícuotas móviles, la duración del conflicto con el campo está teniendo impactos concretos sobre la economía. En forma directa, el costo de quitarle las rutas a la economía, con los evidentes cuellos de botella que ello generó a la producción y comercialización, sería de poco más de 1 p.p. del PIB. Sin embargo, también hay costos indirectos no menores: la confluencia de una menor liquidación de divisas y el esbozo de una corrida hacia dólar con el desarme de portafolios de títulos públicos y de depósitos, aunque controlada exitosamente por el BCRA (que impulsó una apreciación del 5% en el tipo de cambio nominal), se reflejó en una fuerte reducción de la liquidez, con la contrapartida en la duplicación de las tasas de interés. Poniendo paños fríos, a diferencia de otras oportunidades, hoy es la política la que afectó a la economía y no al revés, y el margen de maniobra para evitar un quiebre sigue siendo muy elevado. A nuestro juicio, y más allá de las reacciones propias de los agentes económicos frente a un escenario de elevada tensión como el que vivimos, la recuperación de las rutas y la normalización de las exportaciones, sumados a los actuales precios internacionales, permitiría recomponer el crecimiento. Si se llega a un acuerdo, julio y agosto pueden ser meses récord en términos de exportaciones, recaudación y nivel de actividad, luego del parate registrado en los meses previos y también es esperable cierta normalización de la liquidez. Aunque evidentemente, sino no se reabren las paritarias y no se da un nuevo salto en el gasto público (algunos ajustes de tarifas mediante) el impulso a la demanda debería ser menor. Esto último, en conjunto con el giro observado de la política monetaria y cambiaria, en parte como consecuencia de la inconsistencia fiscal evidenciada en los últimos dos años, permitiría moderar la aceleración de la inflación registrada. El tan mentado aterrizaje de la economía se produciría al fin, aunque con algunos magullones en el proceso. En este escenario, la economía crecería en torno a 7% en 2008. Claro que el escenario planteado no es necesariamente el más factible para un Gobierno cuyo índice de popularidad se licuó rápidamente en medio del conflicto con el campo. Más allá de que no sea una política recomendable en una economía con problemas de inflación y congestión, en el corto plazo y con vistas a las elecciones de 2009, el Gobierno podría verse en la tentación de intentar dar una nueva vuelta de tuerca a la expansión de la demanda (ajuste de salarios vía suma fija por decreto y un nuevo aumento en jubilaciones y salarios públicos). Si esto se concretara, podríamos esperar un mayor crecimiento hacia el último trimestre de 2008, aunque esto se daría junto a una mayor aceleración de la tasa de inflación y una reducción acelerada del todavía existente colchón cambiario. * Estudio Bein & Asociados |
