El conflicto con el campo marcó un cambio en el eje de la discusión económica. Previo al mismo, la aceleración de la tasa de inflación y la posibilidad que la trayectoria de los precios dañara la economía era la principal preocupación de los analistas. Frente a esta coyuntura, el consenso reclamaba una mayor coordinación de las políticas fiscal, monetaria y de ingresos, apuntando a arrimar la economía hacia un crecimiento sustentable y evitando que la corrección termine siendo el resultado de la descoordinación de objetivos. Con diferencias de matices, el planteo del consenso apuntaba hacia una moderación de la trayectoria del gasto público. Dado que el aumento en los recursos está en gran medida apalancado a la suba de los precios internacionales, la dinámica óptima del gasto supone manejar una trayectoria en línea con el crecimiento del PIB nominal, es decir 10 p.p. por debajo de lo que lo viene haciendo en los primeros cuatro meses del año. Además, se pregonaba por una complementación de la política monetaria vía alguna señal concreta respecto a la paridad del tipo de cambio -en un mundo donde el dólar venía devaluándose respecto al resto de las monedas-, y tasas de interés menos negativas en términos reales que apunten a moderar el crecimiento de la demanda. La tercer pata estaba dada por la consistencia en una política de ingresos que utilice al salario como ancla de la economía, para lo cual era necesario dar una señal cierta respecto a la intención de política de contener la tasa de inflación, cuyo paso inicial estaba dado por un sinceramiento de las estadísticas. Paradójicamente, y aún cuando la trayectoria del gasto público muestra sólo algunos atisbos de moderación, algunas de estas recomendaciones hoy se están llevando a cabo, pero no como parte de un programa explícito de ataque a la inflación, sino más bien como la contrapartida de una dinámica desordenada en medio de una puja por la distribución de la renta agrícola que ya lleva casi tres meses, generada por el increíble set que muestran los precios internacionales de los commodities (hoy los precios de la soja se ubican 63% por encima del promedio de 2007, los del maíz 63% y los del trigo 47%). Puja que se inició en gran medida por la necesidad de financiar, sin acceso al crédito, la duplicación en el gasto público registrada en los últimos dos años. Cabe remarcar que, a los precios actuales, y considerando las cantidades a exportarse en lo que resta del año, el nuevo esquema implica US$1.400 millones adicionales a lo que se recaudaría con las alícuotas fijas, lo que representa ni más ni menos que 1/2 p.p. adicional de presión tributaria. En las últimas tres semanas, y con el objetivo inicial de frenar la tendencia hacia el cambio de portafolios iniciada a fines de abril, el BCRA utilizó el enorme poder de fuego que tiene a su alcance para desarticular la mini corrida. Con US$2.000 millones de las Reservas empujó hacia abajo el dólar, cuyo precio mayorista pasó de un máximo de $/US$3,185 el 22 de abril al $/US$3,052 actual, nivel similar al registrado en los primeros días de junio de 2007 previo al inicio de las turbulencias generadas por la burbuja inmobiliaria en USA. Al mismo tiempo, y como mecanismo para estabilizar la salida de depósitos, se observó una suba en la tasa de interés que ofrecen los bancos por los depósitos a plazo. En este sentido, la tasa Badlar (depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos) pasó de un mínimo de 8,4% registrado a principios de abril al 18% actual, acercándose cada vez más a tasas reales neutrales. El drenaje de depósitos se frenó, pero la incertidumbre respecto al rumbo de la macro no desapareció. Esto se ve reflejado en tasas de interés de la deuda pública que casi se duplicaron en doce meses (hoy, a pesar de la intervención del BCRA en el mercado de bonos un título en dólares rinde más de 13% vs. el 8% que rendía a fines de 2006) impactando sobre las decisiones de inversión y consumo en un marco donde la inflación empezó a morder el poder adquisitivo de los salarios. La lectura respecto al cambio en la estrategia de política monetaria tiene más que ver con la decisión de frenar el cambio de portafolios y de aumentar la presión sobre el sector agropecuario para que finalice el paro que con una estrategia de mediano plazo para contener la trayectoria de los precios. Hoy, y a pesar de que la apreciación nominal asciende sólo a 4%, ya hay voces que claman sobre el daño que esta política genera sobre la competitividad de la economía. Esto es así aún cuando el tipo de cambio real alcanza a 1,46 cuando se mide su paridad contra el dólar (Dic. 2001=100) y a 2,18 cuando se tiene en cuenta el resto de las monedas que componen la canasta de consumo.Ya sea por la aceleración de la inflación, por la apreciación nominal o por la combinación de ambas, Argentina se enfrenta en los próximos meses a un escenario de apreciación real de la moneda en un mundo donde el dólar tiene menos recorrido a su desvalorización, y las ventajas que el colchón cambiario otorga en términos de tasas de interés reales negativas tienden a achicarse. Más allá de que el margen es cada vez menor, las dudas siguen estando en si la política será capaz de suavizar esta trayectoria o en algún momento la presión para aumentar la competitividad y licuar salarios vía un salto devaluatorio vuelve a estar en la agenda. Lejos de la crítica del Gobierno de hace tres meses a quienes proponían moderar el crecimiento, hoy la economía real está sintiendo los coletazos directos e indirectos de la estrategia adoptada. * Economistas Estudio Bein & Asociados |