- La política de precios
- IPC controlado precios libres
- El límite a los subsidios
- IPC. ¿Cómo y cuándo se corrige?
- Demanda que tira con problemas de energía
Con el conflicto del INDEC, el centro de la discusión sobre la política antinflacionaria pasó a estar enfocado en cuestiones metodológicas sobre el mes a mes del IPC. Pero más allá del impacto de esta situación sobre los contratos indexados (básicamente de deuda pública), y de la falta de ancla que trae aparejado para una economía no contar con estadísticas de precios confiables, se evidencia un giro en la política que, paradójicamente, pasó desapercibido entre los analistas: el rápido desarme que se observa en los acuerdos de precios.
Con algo de cinismo, uno podría decir que las empresas son las principales beneficiarias de este esquema caracterizado por precios libres, costos subsidiados y un fuerte intento por parte del Gobierno -no del todo exitoso- de manejar la puja distributiva controlando el IPC. Con excepción de los servicios públicos regulados y de los combustibles, los demás precios de la economía están tendiendo a una importante liberalización, y los cupos o prohibiciones a las exportaciones están cediendo espacio al otorgamiento de subsidios, como en el caso de algunos alimentos, a la vez que se desactivó el plan para abastecer de carne al mercado a precios populares. El aumento en los precios de los supermercados (3,1% en mayo), cifra que queda aislada de los retoques ya que se arma con la base pura del IPC, refleja una nueva situación en la que el espacio en góndola de los productos bajo acuerdos tiende directamente a desaparecer en medio de una gran cantidad de nuevos productos, en algunos casos con mínimas diferencias de calidad. Pero en el caso de los servicios no regulados ocurre algo parecido. El reacomodamiento de precios relativos va retomando su ritmo natural, con bienes que también suben -impulsados por los precios internacionales y las ganancias de transabilidad- en una economía en donde la demanda viaja muy rápido. Las cuotas de los colegios privados suben más a mediados de año, incluso por encima de lo autorizado. Con las prepagas, la historia de los copagos no es muy distinta y los mayores costos de las expensas generados por las subas salariales quedan directamente fuera del IPC, al igual que los precios del turismo, que reflejan “deflación” según las estadísticas oficiales.
En este escenario, el afán por mantener fijas las tarifas de los servicios públicos a rajatabla, bajo un esquema de subsidios horizontal que beneficia fundamentalmente a las familias de ingresos medios y altos, no encaja en esta lógica. Sumado a esto, el beneficio político de las tarifas planas está perdiendo entidad en una situación donde la congestión en infraestructura empieza a pesar más fuerte que las ventajas electorales de los precios bajos. Pero también la decisión de restringir energía sólo a las empresas, sin incentivar ningún tipo de ahorro a las familias, le quita balance a un abordaje integral del problema. Básicamente, estamos en presencia de un problema energético que requiere un reordenamiento, pero no en una situación de déficit estructural: el superávit externo de combustibles superará este año los U$S4.500 millones.
Con subsidios que compensan cada vez una mayor parte de los costos de algunas empresas, el curso más probable de esta historia es la “argentinización” de algunas de ellas, en un camino inverso al recorrido en los ‘90 con las privatizaciones. Hoy podríamos estar visualizando un fenómeno similar. Es decir, que el aumento en las tarifas se de luego de un nuevo cambio de manos, como pasó recientemente con el correo y seguramente ocurrirá con AySA. De este modo, el trabajo de la próxima gestión en limitar la tendencia fuertemente creciente en el otorgamiento de subsidios, seguramente tendrá implicancias más amplias que las dictadas exclusivamente por la necesidad de defender el superávit fiscal.
