La decisión de obligar a los comercios a separar el precio contado del precio financiado tiene una enorme lógica económica, que brinda algo más de transparencia a los índices de precios, elimina el subsidio cruzado implícito que había de los sectores de menores ingresos (que pagaban al contado o con financiamiento directo) a los sectores de ingresos medios y altos (que pagaban con tarjeta en cuotas “sin interés”) y podría generar, vía mayor competencia, un abaratamiento en las condiciones financieras que ofrecen las tarjetas (algo de esto ya comenzó a observarse en importantes diferencias en el costo financiero total de las distintas tarjetas que empezaron a publicitar los comercios, aunque con mecanismos difíciles de procesar para un consumidor, en tanto y en cuanto no se creen mecanismos de ranqueo de cuotas y plazos que le ayuden a maximizar la decisión).
Sin embargo, lo que luce una medida óptima desde el punto de vista de la lógica económica y de transparencia al consumidor, puede complicar la incipiente recuperación del consumo que se observa en los últimos meses, apalancado fuertemente en el financiamiento en cuotas “sin interés”. Las ventas mediante el Ahora 12 crecieron 100% en diciembre respecto a un año atrás (impulsadas por el ahora 18), y son las que traccionaron fuertemente el crédito al consumo. Es que manteniendo los márgenes previos de los comercios, la eliminación del subsidio cruzado mencionado genera en simultáneo una caída en el precio al contado y un aumento en el precio financiado respecto a la situación inicial. Y esto va a contramano del intento de potenciar el crecimiento de la economía vía crédito mientras se intenta moderar la nominalidad de los salarios en un contexto donde a diferencia del año pasado, el dólar tranquilo amortigua el impacto inflacionario de la suba en las tarifas. Y también a contramano de la bancarización de la economía ya que se favorece las operaciones al contado por sobre las bancarias (sobre todo después de la eliminación de la devolución del IVA a las tarjetas de débito).
Si bien el impacto es claramente menor al de un corte del crédito frente a familias con tarjetas bastante cargadas, lo cierto es que, al menos al inicio, el efecto de la “visualización” del encarecimiento en las cuotas y presupuestos limitados para pagar al contado (con bajas de precios que no resultarían suficientes para ubicar al consumidor en el punto de indiferencia entre pagar al contado con el nuevo precio o pagar en cuotas con el precio viejo) podrían tener algún efecto negativo. Aunque es cierto que el estiramiento en los plazos (24 y hasta 36 cuotas) podrían amortiguarlo.
A modo de ejemplo, tomando el costo financiero total del Ahora 12 de 27,69% y suponiendo una estructura promedio de ventas que dejó el esquema de subsidios cruzados 35% al contado, 65% con algún financiamiento con tarjetas, por cada $10.000 de facturación el productor recibía en promedio $9.200 ($8.800 por la venta financiada con tarjeta y $10.000 por la venta al contado). Más gráficamente, en este ejemplo de cada tres consumidores el que pagaba al contado aportaba un subsidio de $800 mientras que los dos que se financiaban recibían cada uno un “descuento” de $400. Partiendo de estos números, si los márgenes se mantienen constantes, es decir el productor sigue percibiendo en promedio el mismo precio, el precio al contado bajaría 8%, y el financiado subiría 5% (cargando el costo financiero total del Plan Ahora12 a los $9.200).
Obviamente estas diferencias se potencian si el costo financiero es más alto (como ocurría con los financiamientos por fuera del ahora 12), si la estructura de ventas estuviera más sesgada al pago al contado o si los márgenes de los comercios intentan reacomodarse en medio de la inercia inflacionaria.
En el corto plazo surgen varios interrogantes: ¿Serán suficientes las caídas en los precios de contado para compensar, al menos en la percepción de los consumidores, la desaparición de las cuotas “sin interés” vigentes durante varios años? ¿Los aumentos en el precio financiado (y por ende en el monto de las cuotas) impactarán sobre la recuperación que venía evidenciándose en el consumo por esta vía? Todo ello resulta independiente de lo que terminen reflejando los índices de precios, que seguramente computarán alguna baja en estos rubros dado que toman precios de góndola.
En 2016 con la exacerbación de los descuentos, promociones y las compras financiadas con ahora 12 (como mecanismo para regular la demanda frente a la caída del consumo generada por la violenta suba de precios al inicio de la actual gestión), la inflación estadística resultó seguramente algo más alta que los precios efectivamente transados (todos consumimos en promedio una canasta que incluye estos descuentos, promociones y financiamientos en algún porcentaje). Si estos mecanismos se empiezan a desandar, es probable que en 2017 la inflación estadística sea, esta vez, algo menor a los precios efectivamente transados. A contramano, todo lo demás estable, la caída efectiva del salario real en 2016, podría haber sido algo menor que la que muestra la estadística, y en simultáneo si los salarios se indexan a la inflación con una recomposición inicial, la mejora efectiva en la capacidad de compra del salario en 2017 también podría ser menor a la estadística.
Otra vez la sábana corta de la política económica: medidas racionales que apuntan a normalizar el desquicio de precios que presenta la economía donde el que pierde siempre es el consumidor, pueden complicar el corto plazo en términos de asegurar la recuperación del consumo en el año electoral.
