Alcanzar una dinámica convergente de precios y salarios el próximo año es esencial para moderar las expectativas inflacionarias luego de la aceleración registrada en 2007. En este marco se instala la necesidad de alcanzar un “pacto social” entre empresas y sindicatos que acuerden una dinámica consistente del salario real el próximo año.
Ahora bien, más allá de la dificultad que trae aparejada esta discusión en un contexto donde las estadísticas de inflación no son confiables y donde los indicadores alternativos, como el IPC del interior del país (que funcionaba hasta pocos meses como segundo mejor) empiezan a divergir de las propias estadísticas de las provincias, lo que es un hecho es el elevado poder político del que parte el próximo gobierno para manejar esta discusión. Sin embargo, y a diferencia de años anteriores cuando algunas de las decisiones de política incorporaban parte del costo, como la baja del impuesto a las ganancias realizada en 2005 y en 2006 previa a la apertura de las paritarias, o la estructuración de acuerdos de precios, esta vez las decisiones de política actúan a la inversa.
Por un lado, la reciente suba en las retenciones -instrumento típico para limitar el traslado a precios locales generado por las cotizaciones internacionales de los commodities en la moneda local-, tiene un impacto inverso sobre los precios. Esto es así dada la discriminación de precios que ya existía entre el mercado local y el internacional, fogoneada por la amenaza latente de limitar el comercio exterior. El caso de los combustibles es el más claro, donde la estabilidad de los precios locales estaba en gran medida sustentada en la posibilidad de las empresas de vender los productos refinados en el mercado internacional con sólo un 5% de retenciones, por lo que la equiparación de las alícuotas con las del petróleo se traduciría en una suba en los precios locales, que ya aumentaron más de un 25% en lo que va del año. Algo similar ocurre en el caso de los alimentos, donde con excepción de la soja -que prácticamente no se consume en el mercado interno-, el aumento en las alícuotas de los demás productos se produjo junto a la apertura de los registros de exportación. De hecho, sólo tres semanas después de haberse abierto los registros del trigo, tuvieron que volver a cerrarlos para evitar faltantes en el mercado local.
Básicamente, lo que estamos viendo desde mediados de año, pero fundamentalmente en los últimos meses, es una liberación importante de los acuerdos de precios. Hoy lo único que queda regulado son algunas tarifas públicas en el GBA, que representan un 15% del IPC, pero cuya recomposición consistente con una licuación en términos reales del monto de subsidios ya está definida, y en algunos casos, como el del transporte de pasajeros (colectivos, trenes y subtes) comenzaría a regir a partir de principios de enero, con un impacto en el IPC (metodología tradicional) no menor a 1%.
Además, la discusión salarial se inicia con una baja en el salario nominal formal. La ya aprobada suba de las contribuciones personales de la seguridad social del 7% al 11% a partir de enero próximo reducirá directamente en 4% el salario de bolsillo de los aportantes al sistema de capitalización. A esto se suma el reciente debate instalado en el Congreso respecto a la eliminación del beneficio impositivo asociado al pago de una parte de los salarios con tickets que, dependiendo de cómo y cuándo sea aprobado, podría generar una caída adicional del salario nominal.
Es decir, se inicia la negociación salarial en un contexto de liberación de ciertos precios y con una caída del salario nominal, dando pie a aumentos mayores para compensar la baja inicial, con su consecuente impacto sobre las expectativas. Al mismo tiempo, la mayor parte de estas medidas apuntan a aumentar la solvencia fiscal del modelo.
La suba en las retenciones aportaría más de 1 p.p. del PIB al superávit fiscal de la Nación (parte financiada por las empresas y parte por las provincias vía menores cobros de regalías petrolíferas), en tanto el aumento en las tarifas limitaría la dinámica del gasto vía subsidios. Por otro lado, la equiparación de las contribuciones entre el sistema de capitalizacion y el de reparto contribuyó en su momento a incentivar los traspasos al regimen publico a partir de enero próximo, en tanto en el futuro, y en el caso de que finalmente se efectivicen, aumentaría la capacidad prestable neta de las AFJP.
El impacto final sobre la economía no es del todo claro. Por un lado, el ajuste fiscal proyectado para 2008 no es necesariamente contractivo en tanto y en cuanto el fondeo se realiza quitando recursos extraordinarios a sectores concentrados, con baja propensión a consumir. Por el otro, la liberación de los acuerdos de precios y tarifas y la baja del salario nominal quita capacidad de gasto a la economia, por lo tanto, el efecto neto dependerá del resultado de la negociacion salarial y su impacto sobre la inflacion. Con la inflación bordeando el 16%, dificilmente se logre una pauta salarial menor a 20% para compensar la caída inicial derivada de la suba de aportes a las AFJP´s. De todos modos, lo fundamental será ver si la consistencia fiscal que permitiría alcanzar esta estrategia es suficiente para recuperar la confianza y bajar las tasas de interés. Si esto se logra, es factible esperar un crecimiento de la economía cercano a 7% en 2008 consistente con un ritmo trimestral en torno a 1,5%.
*Economista y Directora de Estudio Bein & Asoc.
