El grotesco “debate” en la Cámara de Diputados por el cambio en la movilidad previsional recrudeció la grieta y evidenció las dificultades del diálogo en Argentina para resolver problemas estructurales indispensables para que el gradualismo sea sustentable.
De un lado, el Gobierno preocupado por la sustentabilidad del endeudamiento de la Nación junto a gobernadores procurando sostener lo acordado en el pacto fiscal firmado con la Nación un mes atrás, que entre otras cosas los liberaba del riesgo de que la Corte Suprema de Justicia diera lugar a la demanda de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.
Del otro, los defensores de los jubilados en particular y de los 17 millones que cobran alguna de las transferencias que paga la ANSES. Defensores que acusan al Gobierno de “quitarle a los jubilados para dárselo a las provincias”, fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires.
En el medio, un gasto de la ANSES que aún después de lo aprobado superaría el próximo año los $1,5 billones, 12,2% del PBI, 56% del gasto total de la Nación antes de intereses y una vez y media el fondo de sustentabilidad. Y un déficit del organismo que sin contar las rentas del fondo de la ANSES superaría este año los $280.000 millones, 60% del déficit primario de la Nación, y 50% del déficit consolidado Nación/ Provincias.
Es evidente que no es posible ninguna consolidación de las cuentas públicas sin trabajar sobre el déficit previsional, cuando además la indexación del gasto social al pasado genera una inconsistencia adicional dificultando cualquier intento de bajar aceleradamente la inflación dado el descalce que ese movimiento generaría entre la dinámica de los recursos del sistema y del gasto.
¿Pero cómo se pasó de un gasto previsional que en los 90 representaba 6% del PBI a uno que lo duplica y que si se mantiene el statu quo, seguiría escalando?
En el medio, al menos siete reformas previsionales contrapuestas que pasaron por el Congreso. El paso en 1994 de un sistema de Reparto a uno mixto con un componente de capitalización (que dejaba afuera del sistema desocupados y trabajadores informales y que contribuyó al desfinanciamiento del fisco en los 90) fue reemplazado en 2008 con la vuelta a un sistema de Reparto previa confiscación por parte del Estado de los flujos que desde 1994 iban a las AFJP junto a los fondos que administraban, que a esa altura ya se habían recompuesto luego de la licuación que implicó el default de 2001.
Cambio que se produjo frente a las dificultades del gobierno anterior para acceder a los mercados de crédito frente a un mundo que se había vuelto hostil en 2008 y los desatinos locales, pero que fundamentalmente sirvió para financiar junto a la licuación de los haberes por encima de la jubilación mínima la ampliación de la cobertura a partir de la duplicación del número de jubilados incorporados con la moratoria previsional de fines de 2006 (de los 6,5 millones de jubilados y pensionados actuales, 3 millones entraron por las dos moratorias).
Así, no sólo se volvió de un sistema mixto a uno de Reparto, sino que además se pasó de un sistema contributivo a uno solidario. En rigor, en 2008 la cobertura llegó a 98%, más del 70% de los jubilados cobraban el haber mínimo y el gasto previsional todavía se ubicaba por debajo del 6% del PBI.
Otras decisiones fueron impulsadas por movimientos tardíos de la Corte Suprema de Justicia, que devolvió a los jubilados (Caso Badaro y Eilif, que sentaron jurisprudencia para los 230.000 juicios contra la ANSES) y a las provincias (dando lugar, apenas unos días antes de que asuma la nueva gestión, al reclamo de San Luis, Córdoba y Santa Fe del 15% de la coparticipación que había sido cedido a la ANSES en 1992) los fondos que ya habían sido gastados para financiar la moratoria previsional.
La primera decisión de la Corte fue la que impulsó en 2009 la creación de la movilidad previsional, formula que fue en un inicio corregida ad hoc para no generar una caída en los haberes originada en el número de prestaciones mientras no se descontaron los ingresos al fisco por las cuotas de la moratoria.
La segunda fue la que impulsó el decreto de salida del gobierno anterior que extendía la devolución del 15% de la coparticipación a todas las provincias y la aclaración de que esa merma en los recursos de la ANSES no debía ser tenida en cuenta para topear los haberes. Decreto que fue vetado por la gestión actual pero que derivó en el acuerdo de devolución gradual del 15% de la masa coparticipable a las provincias en cinco años, incluido en la ley de blanqueo y reparación histórica.
El cambio en la fórmula de movilidad votado esta semana apenas corrige estas inconsistencias fiscales, por lo que es cierto que si la inflación baja, los haberes le van a ganar año a año a la inflación futura, luego del menor ajuste inicial generado por el “empalme” entre ambas formulas. Empalme que sólo es compensado parcialmente y permite el próximo año un ahorro neto de $65.000 millones al fisco, equivalente al 0,4% del PBI y la mitad del costo anual de la reparación histórica votada junto al blanqueo de capitales un año atrás. Reforma que en los hechos intenta volver a un sistema contributivo con un componente solidario donde los que aportaron al sistema reciban en función de estos aportes y los que no tienen la suficiente cantidad de aportes y más de 65 años puedan acceder a una prestación por adulto mayor equivalente al 80% del haber mínimo.
La increíble capacidad de la Argentina para en poco más de 20 años privatizar y estatizar un sistema previsional, pasar de un sistema contributivo a uno solidario sin marco legal, y la vuelta a un sistema contributivo con la reparación histórica con un componente solidario sin tener en claro cómo modificar los derechos ya adquiridos que entregó la moratoria previsional y con una Corte Suprema que obligó a devolver los fondos que financiaban parte del esquema a las provincias ocho años más tarde cuando estos ya habían sido gastados por decisión del propio Congreso, sumados a la enorme cantidad de programas sociales que se colgaron de la ANSES, muestra la carencia de la restricción presupuestaria en las demandas de la sociedad y la política, y las dificultades para encarar los cambios necesarios que requiere la corrección fiscal. Más allá de los resultados, la calidad del debate del lunes pasado confirma esta hipótesis y deja un sabor amargo.
