| La política de subsidios ha dado mucho que hablar en los últimos años. Y no es para menos, ya que detrás del intento de evitar que la inflación escale vía un reconocimiento de tarifas más altas de servicios públicos, la política oficial apuntó en los últimos años a mantenerlas cuasi congeladas vía compensaciones crecientes y no siempre transparentes (dada la escasez de datos acerca de su asignación y ejecución) a las empresas, algunas con caja, y otras vía deuda. Deuda que en algunos casos terminó siendo capitalizada en nuevas inversiones, como ocurrió con las nuevas centrales térmicas. Inversiones financiadas con fondos públicos y administradas luego, por empresas privadas. Los números detrás de esta historia muestran que las transferencias de fondos a sectores económicos –en una buena proporción destinadas a esta finalidad de ancla antiinflacionaria- se multiplicaron por diez entre 2005 y 2010, al pasar de $4.688 millones a $48.032 millones en dicho lapso. Y orillarían los $70.000 millones en 2011 (3,7% del PIB), tras registrar un incremento de casi 107% interanual en el primer trimestre del año. Visto de otra forma, esta cuasi estatización de los servicios públicos, explica nada menos que una cuarta parte del aumento del gasto público de la Nación registrado en estos años, y su costo equivale a 7 veces el asignado a financiar la Asignación Universal por Hijo.Cuando se abren estas transferencias surge que la energía (esto es transferencias a CAMMESA y a ENARSA) concentran el 54% de los fondos, el transporte (concesionarios de trenes y subtes, transporte automotor) el 28%, el sector agroalimentario el 6% y el resto (empresas públicas, industria y sector rural excluyendo agroalimentos) el 12%. Más allá de la viabilidad de la utilización de la política fiscal para limitar shocks transitorios de precios, el abuso de este tipo de instrumentos resulta contra intuitivo. Tarde o temprano la restricción presupuestaria opera y se requieren definiciones para adelante, que si se hacen en forma abrupta pueden generar un shock inflacionario. Un simple ejercicio de eliminar tarifas de una vez casi duplicaría la tasa de inflación que hoy ronda el 22% según los últimos números difundidos por la provincia de Santa Fe. Evidentemente, algo totalmente inviable desde la política. Pero además, no siempre benefician a los sectores más necesitados, en tanto se concentran fundamentalmente en los consumos medios del GBA, siendo en muchos casos enormes las diferencias en niveles tarifarios entre este distrito y algunas provincias. No esperamos ningún cambio en este sentido en lo que queda de 2011, dado que difícilmente un gobierno tomaría este tipo de medidas en un año electoral (menos aún teniendo caja para financiar los subsidios en el corto plazo). Pero, necesariamente, será uno de los primeros temas que el próximo gobierno deberá encarar, seguramente apuntando a licuar su incidencia en el gasto vía aumentos tarifarios que acompañen la inflación macroeconómica o que se ubiquen unos puntos por encima. Cuanto antes se inicie este camino, menores serán los costos, aunque es probable que, como suele ocurrir con la política, el timing termine estando determinado más por un agotamiento en las posibilidades de seguir financiándolos que por lo que sería óptimo desde el punto de vista del bienestar social. *Directora y Analista de Estudio Bein & Asociados |
