El próximo 10 de diciembre por primera vez desde 1928 un gobierno electo no peronista terminará su mandato, lo cual no es poco. Pero esto se vuelve a dar en medio de una crisis macroeconómica de envergadura, y donde la solución de corto plazo para llegar con la economía un poco mejor a octubre no tiene detrás un sustento duradero. Más bien al contrario.
La herramienta de política es que el BCRA contenga al dólar con la tasa de interés menos exagerada posible partiendo de un overshooting (dólar $41 y tasa de la Leliq en 74%) en el arranque del segundo programa con el FMI mientras en simultáneo suelta las paritarias. Paritarias que se cierran o bien negociando aumentos fijos (acortando su periodicidad y generalizando la cláusula gatillo), o bien con indexación plena mensual como ocurre en la negociación docente en la provincia de Buenos Aires, mientras la fórmula de indexación de las jubilaciones y los planes sociales hace lo propio.
Este esquema de política requiere que una recomposición de la capacidad de compra de los ingresos permita que el consumo traccione un poco en un contexto donde la política fiscal y monetaria van a seguir siendo muy contractivas. Ni el crédito, ni la obra pública van a ayudar como lo hicieron en 2017 a traccionar el consumo y la inversión, y aún con la normalización de la cosecha y una ayuda de Brasil, el aumento en las exportaciones netas no alcanza por sí solo para dar vuelta la página.
Para esto se requiere que el viento de cola que empezó a soplar en enero siga soplando y permita que el BCRA, con poca capacidad para intervenir dentro de la banda cambiaria, pueda seguir comprando dólares en la zona correcta de intervención.
Hoy tenemos un BCRA más sensato: avisa que la desinflación será lenta, apuesta a construir una moneda y no toma atajos.
Si esto no ocurre, la inercia inflacionaria puede terminar chocando con la restricción monetaria agudizando la recesión. Y esto, además de tornar procíclico el escenario, complicaría la corrección fiscal en un contexto donde más de la mitad del gasto público está indexado al pasado, el Gobierno sigue devolviendo en cuotas a las provincias el 15% de la coparticipación que antes iba a financiar a la Anses y se sostiene la mayor parte de los compromisos fiscales asumidos en la reforma tributaria de fines de 2017 de reducción de impuestos. Amén que un dólar atrasándose desde estos niveles junto con la necesaria puesta en marcha de retenciones para acelerar el cierre fiscal, no contribuye plenamente al salto exportador.
Pero como venimos sosteniendo, con la liberalización total de la cuenta capital (no sólo el cepo) el Gobierno no maneja el grifo de los capitales, y además la incertidumbre electoral juega en contra, aun cuando el tipo de cambio real de partida es más alto.
Este juego entre salarios y dólar se da en un contexto en el cual finalmente se desagiaron los contratos energéticos que había firmado el Gobierno en el arranque de la gestión frente a la inviabilidad social de trasladar a tarifas la duplicación del dólar en 2018. Aun así, las tarifas aumentan durante los primeros cinco meses del año, agregando en forma directa 4 puntos porcentuales a la inflación. Y todavía tienen recorrido postoctubre para el objetivo final de eliminar plenamente los subsidios.
La tasa de inflación de enero se ubicó en 2,9%, la de febrero apunta a un dato más cerca de 4% que de 3% y el trimestre se acercará al 10%, moviendo seguramente hacia arriba las proyecciones del consenso para todo 2019. Estas cifras son menores que el 6,5% mensual registrado en septiembre, y de las que tendríamos si la espiral dólar-precios-salarios en la que nos estábamos adentrando cuando arrancó el segundo acuerdo con el FMI, hubiera seguido de largo. Pero dejan a la economía con una inercia más alta como contracara del acortamiento en los contratos consistente con un nuevo régimen inflacionario.
Faltan acuerdos que rompan la indexación contractual: no sólo del gasto sino de un número creciente de contratos privados.
En efecto, la inflación que empieza a ser un claro problema a partir de 2007 al saltar a la zona del veintipico por ciento (intervención del Indec mediante), con picos del 40% en 2014 y 2016 (cuando se intentó corregir en simultáneo el dólar y las tarifas que funcionaban como semianclas), saltó en 2018 a la zona de 48% y la expectativa que 2019 vuelva a acercarse desde arriba al 30%, requiere que el dólar ayude atrasándose. En Argentina, el principal canal de conexión de la política monetaria a la inflación es el dólar y en segundo lugar, una recesión que limite la recomposición de márgenes en un contexto donde los costos (salariales, tarifarios, fiscales, financieros, etcétera) siguen de largo.
Pero esto último es también un arma de doble filo. Por un lado, aumenta el desempleo. Por otro, reduce la competencia. Amén que el intento de dar vuelta el ciclo moderando la caída del consumo de cara a las elecciones limita la efectividad del ancla.
Estamos en una situación donde no sólo el horizonte de la política es de cortísimo plazo, sino que además las distorsiones de partida requieren una visión integral que combine consistencia fiscal y monetaria asequible en democracia. Pero fundamentalmente la capacidad de generar acuerdos que rompan la indexación contractual ya no sólo del gasto público sino de un número creciente de contratos en el sector privado. Romper una indexación cada vez más corta y que además sigue siendo despareja (no todos los precios aumentan todos los meses) no es sencillo y requiere que algunos sectores estén dispuestos a perder en la repartija.
Pero fundamentalmente requiere que el debate sobre la inflación salga de la grieta de los últimos años donde pasamos sin escalas de un BCRA que durante la gestión anterior aseguraba que ninguna emisión era inflacionaria gestando una inercia que no estaba en 2003-2005, a uno como el de los primeros dos años y medio de la gestión actual que sostenía que sólo con política monetaria consistente podíamos poner la inflación dentro de una meta exageradamente optimista en simultáneo a una recomposición violenta de precios relativos y una inconsistencia fiscal doble (un nivel de gasto no financiable compuesto en 60% por transferencias directas a las familias, pero además indexado por ley al pasado).
A pesar de la rigidez del esquema, hoy tenemos un BCRA mucho más sensato que avisa que el proceso de desinflación va a ser más lento y decide seguir apostando a construir una moneda y no a tomar un atajo apelando a la reputación de la Fed (como sería una nueva convertibilidad y/o una dolarización con los costos asociados).
Pero a diferencia de las dos gestiones anteriores, hoy cuenta con muchos menos grados de libertad, un prestamista de última instancia como es el FMI que no termina de incorporar en su diagnóstico la existencia de una indexación creciente, una exagerada apertura de la cuenta capital para un país sin moneda y un horizonte de la política que no lo ayuda.
