| Es difícil encontrar a algún actor social que no esté de acuerdo con mejorar la distribución de la renta. Lo que es difícil es encontrar a quienes estén dispuestos a financiar esa mejora en la distribución, más bien todo lo contrario. El debate fugaz, si se lo puede llamar debate, en torno al impuesto a las ganancias es parte de esta contradicción. Los salarios no tienen que estar alcanzados por el impuesto a las ganancias, sostienen quienes defienden los derechos de los trabajadores del sector formal. Mientras tanto la oposición propone debatir una ley para reducir enormemente la base de contribuyentes vía una suba del mínimo no imponible muy alta (54%) con un costo fiscal no mensurado. Y la Presidenta, salteando al Congreso, firma un decreto simple con una suba del mínimo no imponible del 20% y que se ubica por debajo de los aumentos acordados en paritarias, por lo que el Sector Público pasa a ser un beneficiario directo de los aumento salariales. Toda la discusión se circunscribe al mínimo no imponible -es decir quienes pagan y quienes no-, y nunca se trajo a colación la actualización de las escalas del impuesto. Escalas que se sostienen sin cambios desde 2001 a pesar que la inflación acumulada desde entonces asciende a casi 300%. Cuando se analiza el impacto de la inflación sobre estas escalas, surge que las alícuotas efectivas de este impuesto se han duplicado y hasta triplicado para el conjunto de los trabajadores en relación de dependencia y autónomos alcanzados por el impuesto desde 2001. Un aumento proporcionalmente mayor y más regresivo que se adiciona al implementado a principios de 2000. Como ejemplo un trabajador o autónomo que hoy gana $11.000 por mes antes de impuesto a las ganancias paga de este impuesto una alícuota que es el triple de la que pagaba en 2001 (9,8% vs. 3,3%). Es decir, si antes pagaba al fisco un 3,3% de su salario, hoy debe dejar casi el 10%. Esta diferencia se achica a medida que se va subiendo en la escala salarial, pero los saltos son ciertamente significativos. Para un salario de $15.000 el aumento en las alícuotas pasa del 7% en 2001 al 14,7% actual, y de 15,2% a 23,4% para un salario de $26.000. Esta situación, en conjunto con una mejora en la ecuación de rentabilidad de las empresas permitió subir lo recaudado por el impuesto a las Ganancias por encima del impuesto al Valor Agregado aumentando la progresividad de la recaudación tributaria en los últimos años en un contexto de fuerte aumento de la presión fiscal. Mientras en los 80s y en los 90s el IVA era 2,6 veces la recaudación de Ganancias, hoy esta relación equivale a 1,5 veces. Más allá del beneficio político de anunciar año a año la baja de un impuesto que la inflación subió previamente para un sector de los asalariados, valdría la pena un debate serio sobre la cuestión tributaria en Argentina, teniendo en cuenta la incidencia de la política fiscal en la distribución del Ingreso y no sólo poner el ojo en la distribución funcional (la parte del Ingreso que se llevan los asalariados). Esto es, un esquema tributario progresivo y un esquema de gasto público eficiente, de calidad y horizontal, aunque puedan existir políticas focalizadas como la asignación universal por hijo que, cabe recordar, equivale a menos del 2% del Gasto total. El concepto de que los trabajadores a ningún nivel de salarios debe pagar el Impuesto a las Ganancias va a contramano del esquema tributario en los países desarrollados donde el Impuesto a las Ganancias a las personas físicas juega un rol relevante. Hoy en Argentina, el IVA -impuesto típicamente regresivo- representa más de un 30% de la presión tributaria. El punto a discutir, no es si los trabajadores deben o no pagar Ganancias, sino cual es un esquema lógico, progresivo y fundamentalmente como se hace para que sea estable en el tiempo.* Economista y Directora de Estudio Bein & Asociados |
