Por Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi
Un informe, un título y una palabra: “gasto tributario”. Alcanzó para que un ejercicio que intentaba medir el impacto fiscal del RIGI terminara convertido en una discusión fraticida a favor o en contra del régimen.
El trabajo que hicimos en Eco Go no buscaba responder esa pregunta. Buscaba ponerle números a otras bastante más concretas: cuánto valen los beneficios que recibe el inversor, cuánto resigna el Estado frente al régimen general, qué porcentaje de la inversión tiene que ser realmente adicional para que la cuenta fiscal cierre y cómo se distribuyen los costos y beneficios entre Nación y provincias.
Los resultados son bastante menos lineales que los títulos. Abajo solo incluímos los principales de un documento extenso que explicita los supuestos y trabaja con sensibilidades a los precios de los metales, minerales y el petroleo y a la tasa de descuento.
Para los 23 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial —USD39.429 millones de inversión anunciada, USD33.837 millones de inversión computable y 108.405 empleos directos informados en las resoluciones— los beneficios del RIGI agregan USD8.493 millones al valor actual neto de los proyectos.
Ese número es, técnicamente, “gasto tributario”. No es una expresión que inventamos nosotros ni una caracterización política del RIGI. Es la definición que utiliza el propio Estado en el Presupuesto para medir la diferencia entre la recaudación que surgiría del régimen general y la que resulta de tratamientos especiales. Es también un concepto que utiliza el FMI cuando analiza exenciones y regímenes preferenciales.
Pero gasto tributario no es costo fiscal neto. Y justamente ahí empieza la parte del informe que se perdió en medio de la batahola.
Los 23 proyectos generan, bajo los supuestos del ejercicio, USD17.499 millones de recaudación a valor presente frente a USD8.493 millones de impuestos resignados. La cuenta cierra si 32,7% de la inversión es realmente adicional. Es decir, si aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos no se hubiera materializado sin el RIGI.
Que todos los proyectos sean nuevos no significa que toda la inversión sea adicional. Esa es precisamente la pregunta que hay que hacerle a cualquier régimen de promoción: cuánto de lo que atrae no hubiera ocurrido sin el incentivo. También el regimen de Tierra del Fuego arrancó de cero y, en el inicio, todo lo que se instalaba era nuevo por lo que podria haberse argumentado entonces que no tenia gasto tributario.
La segunda conclusión también quedó bastante escondida detrás de los títulos. El promedio oculta una fuerte asimetría federal. La Nación resigna USD6.231 millones de los USD8.493 millones y necesita una adicionalidad de 38,5% para alcanzar su breakeven. Las provincias que reciben los proyectos necesitan apenas 17,7% y recaudan 4,6 veces lo que resignan. Cuando incorporamos los proyectos identificados todavía no aprobados, el umbral de la Nación sube a 44,4% y el de las provincias receptoras baja a 13,7%.
Hasta acá, lo que dice el informe. La discusión que abre es todavía más interesante.
El RIGI intenta corregir un problema real de la Argentina: una tasa de descuento altísima construida durante décadas de inestabilidad, cambios de reglas y ruptura de contratos. Para inversiones de gran escala, de capital extranjero y tambien nacional, ofrece un régimen tributario mucho mas benigno, estabilidad por 30 años, libre disponibilidad de divisas y prórroga de jurisdicción. En los hechos, crea un sistema paralelo para hacer posibles inversiones que las reglas generales ralentizaban.
La pregunta es qué ocurre mientras tanto con el resto de los sectores.
Porque mientras una parte de las inversiones accede a una carga tributaria reducida, las empresas y proyectos que quedan afuera del RIGI siguen compitiendo con las reglas generales de la economía argentina. Una estructura tributaria que en algunos sectores todavía incluye derechos de exportación, como el campo.
La combinación no es menor. La apertura obliga a competir con precios internacionales mientras una parte importante de los costos internos se encarece en dólares y la carga tributaria sigue recayendo sobre quienes permanecen dentro del régimen general.
La respuesta oficial es que el objetivo final es extender al resto de la economía una carga tributaria semejante a la del RIGI. Pero entre una cosa y la otra hay una transición. Bajar impuestos al resto requiere bajar gasto o encontrar otra fuente de financiamiento. Mientras eso no ocurra, los beneficios otorgados a unos conviven con una carga que sigue recayendo sobre los otros.
Y ahí aparece una pregunta bastante menos cómoda: qué pasa con quienes tienen que atravesar esa transición compitiendo con las reglas generales en una economía más abierta y con costos en dólares escalando. Porque cuando finalmente se logren igualar las reglas, una parte de quienes debían beneficiarse de esa convergencia pueden haber quedado en el camino. En el medio la necesaria consistencia fiscal con una presion tributaria efectiva que cayo a 27% del PIB en 2026 que convive con una presion normativa del regimen general que casi la duplica. 3.67 puntos de gastos tributarios antes del RIGI incluidos en el mensaje del presupuesto y una enorme informalidad explican el bache.
Y acá volvemos al ruido que rodeó al informe.
Georges Didi-Huberman decía hace poco que de nada sirve una audiencia masiva si “el mensaje se desvirtúa por el camino”. Y distingue la crítica de la reacción: la primera exige formular preguntas; la segunda puede agotarse en responder a una palabra.
Giuliano da Empoli compara a los trolls con el comportamiento de las hormigas en un hormiguero. Las hormigas avanzan reaccionando a los estímulos que encuentran a su alrededor; una señal alcanza para modificar la marcha del conjunto. En las plataformas, el algoritmo hace algo parecido: no premia la lectura, la comprensión ni siquiera la coherencia. Premia la reacción.
Quizás por eso ya ni siquiera hace falta leer aquello que se cuestiona. Alcanza un título, una palabra —“gasto tributario”— o la señal de alguien a quien las hormigas reconocen como propio para que cientos de cuentas avancen en la misma dirección. No están discutiendo el informe: están reaccionando a un estímulo.
Y ahí el problema deja de ser el troll. El problema es cuando la discusión económica adopta la lógica del hormiguero: cuando una palabra reemplaza un concepto, un título reemplaza un trabajo y la identidad de quien habla reemplaza a los números.
Después de todo el ruido, sin embargo, las preguntas siguen intactas: cuánto de la inversión es realmente adicional, cuánto cuesta promoverla, quién resigna recursos, quién los recauda y cómo hacemos para que quienes siguen operando bajo las reglas generales atraviesen una transición en la que simultáneamente aumenta la apertura y escalan los costos en dólares.
Medir el RIGI no es estar contra el RIGI. Es intentar contestar esas preguntas que no se contestaron cuando se aprobó en el Congreso.
Porque el desafío no es sólo construir una excepción capaz de atraer inversiones. Es lograr que la excepción se convierta en regla antes de que una parte de los que quedaron afuera se pierda en el camino sin destruir el equilibrio fiscal.
Nota: En Clarín se publicó hoy un resumen de esta nota: